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Martes, 07 de Noviembre de 2017 | 07:19Hs. | Mundo

Un ministro argentino, el presidente de Colombia, empresarios mexicanos y más: los nombres de América Latina en los Paradise Papers

Numerosos latinoamericanos, incluyendo a un ministro de Macri, recurren a los paraísos offshore para concretar evasiones fiscales.


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    Un ministro argentino, el presidente de Colombia, empresarios mexicanos y más: los nombres de América Latina en los Paradise Papers

La reina Isabel II, el secretario de comercio de Estados Unidos Wilbur Ross y la multinacional anglosuiza Glencore están entre los nombres más mencionados en el marco de la filtración conocida como los Paradise Papers.

Pero entre los 13,4 millones de documentos sobre operaciones en centros financieros offshore también aparecen mencionados numerosas personas y empresas latinoamericanas.

Como sucedió el año pasado con los Panamá Papers, los documentos fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que se puso en contacto con el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) para que coordinara una investigación global.

Cinco pasos de cómo se esconde el dinero en los paraísos fiscales

La gran mayoría de los involucrados en las transacciones expuestas por los Paradise Papers niegan haber cometido alguna ilegalidad y hay muchas razones perfectamente válidas para recurrir a centros financieros offshore.

En Argentina, el caso más destacado por los medios vinculados a la investigación (La Nación, Perfil y América TV) es el del actual ministro de Finanzas, Luis Caputo.

Según estas publicaciones, antes de asumir como ministro, Caputo fungió como administrador de Noctua Partners Llc, "una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán, dos jurisdicciones donde rige el secreto y los beneficios fiscales".

En particular, entre 2009 y hasta su entrada a la gestión pública, Caputo fue "manager" de Alto Global Fund, un hedge fund del conglomerado de Noctua con sede en las Islas Caimán dedicado a administrar inversiones de alto riesgo.

El ministro, sin embargo, afirma haberse desvinculado completamente de ambas empresas antes de asumir como secretario de Finanzas, en diciembre de 2015.

También defiende no haberlas mencionado en la declaración patrimonial presentada antes de asumir el cargo por haberse desempeñado como un mero "administrador", sin participación accionaria.

Según Caputo, los honorarios percibidos por su trabajo en Alto Global Fund fueron debidamente declarados y tributados.

Como explica La Nación, operar con una sociedad offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí misma, una actividad ilícita.

Pero si su "beneficiario final" no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, puede incurrir en evasión o lavado, entre otros delitos posibles.

Y, para Perfil, "el caso pone al gobierno de Mauricio Macri, que busca mostrar otra cara en la lucha contra el lavado de activos y la opacidad financiera, en una situación al menos incómoda".

"Argentina asumirá en 2018 la presidencia del G20, justamente cuando la alianza de países industrializados y emergentes busca ponerse a la delantera de la lucha contra los paraísos fiscales, tras el tsunami de los Panamá Papers" recuerda el diario.

La mención del actual presidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, en los documentos filtrados es la más comentada de todas las identificadas por el diario El Espectador y la plataforma Connectas, los socios colombianos del ICIJ en esta investigación.

Específicamente, Santos es vinculado a dos sociedades basadas en Barbadosvinculadas, en tanto accionistas mayoritarias, con Global Education Group Colombia S.A., una compañía que financia gastos educativos de colombianos en el exterior que tuvo a Santos como miembro de su junta directiva en 1998.

Según los documentos, en el año 2001 -cuando se desempeñaba como ministro de Hacienda- Santos era el director de Global Tuition & Education Insurance Corporation.

Los documentos también lo señalan como director de otra compañía aseguradora de Barbados, Nova Holding Company Limited, entre abril y mayo de 2000.

Consultado sobre el tema, el mandatario reconoció que por causa de su interés en la educación había sido invitado a ser parte de la junta de Global.

"Y participé como miembro por poco tiempo, hasta cuando asumí como Ministro de Hacienda en el Gobierno de Andrés Pastrana", agregó.

"Por ayudar como miembro de la junta me ofrecieron la posibilidad de una opción para adquirir una participación minoritaria a la cual renuncié en el año 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía", aseguró sin embargo el mandatario.

"Desconozco por qué aparezco como miembro de la junta dos años después. Me imagino que se demoraron en registrar oficialmente los cambios", explicó.

Según El espectador, además de Santos, más de 200 colombianos están mencionados en los Paradise Papers.

"De la mano de la firma de abogados Appleby, radicada en Bermudas, importantes compañías del país terminaron abriendo filiales en esa isla del Caribe", asegura la publicación.

"Es el caso de Ecopetrol, la Empresa de Energía de Bogotá, ISA (Interconexión Eléctrica S.A.) o EPM (Empresa Públicas de Medellín). También le han apostado a este esquema el contratista William Vélez, los empresarios Carlos y Francisco Ríos Velilla o compañías como Express del Futuro, Covinoc, Yara, la Fundación Social o seguros Paralife", detalla.

Otros individuos y empresas también son mencionados en vinculación con otros paraísos fiscales.

Numerosos empresarios y empresas mexicanas aparecen mencionadas en los Paradise Papers, desde el magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim, al ya fallecido líder de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM), Joaquín Gamboa Pascoe.

El caso de Gamboa Pascoe es uno de los destacados por el semanario Proceso, uno de los socios del ICIJ en México, quien según la publicación en 1982 incorporó dos estructuras en las Islas Caimán y en Bahamas que "llegaron a tener cerca de US$ 19 millones".

En esa época, Gamboa -quien falleció en enero del año pasado- se desempeñaba como presidente del Senado y líder del PRI en el recinto legislativo, y manejaba la rama capitalina de la CTM, cuya secretaría general asumió en el año 2005.

Según Proceso, las estructuras funcionaban como fachada de una corporación de su propiedad establecida en Panamá. El tinglado -afirma la publicación- sirvió para ocultar, durante años, una fortuna construida "con base en la corrupción".

Menos explosiva es la revelación de que el magnate de la telefonía celular Carlos Slim utilizó una sociedad afincada en Bermudas para sus primeras operaciones fuera de México, en el año 2000.

Ocho años más tarde, la empresa de Slim se acercó por segunda ocasión a Appleby, la firma legal en el centro de los Paradise Papers, con el propósito de establecer una sociedad en las Islas Caimán, otro importante centro offshore.

Según Proceso, de los documentos filtrados se desprende que Appleby "tiene dos tipos de clientes: el primero, en general conformado por particulares, busca en sus servicios offshore la opacidad y la garantía de anonimato de las jurisdicciones secretas, con el objetivo de esconder parte de su dinero o de sus negocios".

"El segundo tipo de clientes, integrado en su mayoría por empresas y corporaciones, no pretende actuar en las sombras: incorpora entidades de papel en paraísos fiscales para aprovechar las tasas de recaudación casi nula, como parte de complejas estructuras de ingeniería fiscal diseñadas por firmas de abogados fiscalistas. Ése es el caso, por ejemplo, de (la empresa de Slim) América Móvil", asegura la revista.

En ambas circunstancias, la incorporación de estructuras offshore es una práctica legal, siempre y cuando el dinero tenga un origen lícito y que los beneficiarios lo declaren ante las autoridades fiscales.

"Algunas de las empresas y los personajes más acaudalados del país, ya sean financieros, magnates, contratistas de Pemex e incluso miembros destacados de los Legionarios de Cristo -la congregación católica fundada por el polémico sacerdote Marcial Maciel Degollado- encontraron en Appleby un aliado para incorporar estructuras offshore y maximizar sus ganancias en los paraísos fiscales", destaca Proceso.

Y la revista destaca en particular dos destinos: Malta -donde tienen sociedades "por lo menos 62 ciudadanos mexicanos", incluyendo magnates, empresarios, personajes vinculados con políticos e incluso futbolistas- y Barbados, país con el que México no tiene un Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria.

Los vínculos del secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, con empresas y empresarios rusos sujetos a sanciones por parte de EE.UU. se han convertido en una de las principales revelaciones de los Paradise Papers.

Pero como destaca el portal venezolano de periodismo de investigación Armando Info, la naviera Navigator Holdings Ltd, en la que Ross tiene acciones, además ha hecho negocios millonarios con la petrolera estatal venezolana Pdvsa, también sancionada por Washington.

"Según el reporte anual de la empresa presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), Pdvsa no es precisamente un cliente menor de Navigator, pues contribuyó con 10,7% de sus ingresos en el año fiscal de 2014, y con otro 11,7% en 2015", destaca el portal, uno de los socio venezolanos del ICIJ junto a El Nacional.

"Esto es un pago neto de US$ 33,7 y US$ 36,9 millones de dólares respectivamente que la empresa recibió al fletar tres de sus 29 tanqueros para el transporte de gas licuado de petróleo (GLP) de esos años", detalla.

La publicación destaca sin embrago que los servicios proporcionados por Navigator no están prohibidos por las sanciones ordenadas en agosto pasado por la Casa Blanca.

Y el departamento de Comercio insistió a través de un portavoz que Ross "se desvincula personalmente de cualquier asunto enfocado en buques de carga transoceánica".

"En general (el secretario Ross) ha apoyado las sanciones de la administración aplicadas a entidades rusas y venezolanas", insistió además el portavoz.

Por lo demás, en su reporte anual, la compañía vinculada a Ross también reconoce la existencia de "riesgos geopolíticos asociados a fletar embarcaciones a corporaciones estatales indonesias y venezolanas".

Concretamente, la empresa admite que esos riesgos pueden tener "un impacto negativo en nuestro negocio, nuestra condición financiera y resultados operativos", destacando la posibilidad de expropiación o nacionalización de propiedades así como potenciales dificultades para cobrar lo adeudado.

El Semanario Universidad, Amelia Rueda y el periódico La Voz de Guanacaste son los socios costarricenses del ICIJ para todo lo referido a los Paradise Papers.

Pero, al momento de preparar este resumen, solamente La Voz de Guanacasteha publicado los resultados de su investigación, la que se centra en el uso de paraísos fiscales por parte de los inversionistas de importantes proyectos turísticos de esa región.

"La corporación costarricense Florida Ice & Farm (Fifco) y la fundación estadounidense Schwan controlaron muchas de sus inversiones millonarias sobre el Polo Turístico Golfo de Papagayo desde una red de compañías de papel creadas en paraísos fiscales", afirma La Voz de Guanacaste.

"Las empresas refugiaron sus préstamos, ganancias y transacciones en países como Bahamas, Islas Vírgenes Británicas y Gran Caimán, que no solo están fuera del alcance del control fiscal de Costa Rica sino que no cobran impuestos por este tipo de actividades", asegura la publicación.

Según el periódico, Fifco aseguró que sus actuaciones "estuvieron siempre apegadas al marco legal vigente" y que nunca les generaron un beneficio fiscal.

"Sus directivos declinaron brindar una entrevista en persona para ampliar detalles y no contestaron puntualmente a varias de las preguntas enviadas al correo electrónico de su departamento de prensa, pero enviaron una declaración escrita general" explicó la publicación.

En su reportaje, sin embargo, se menciona una vieja declaración de un directivo de Fifco al diario La Nación, en la que explica la formación de sociedades en paraísos fiscales porque su socio, la fundación Schwan, quería hacer los negocios en un "territorio neutral".

Los directivos de The Marvin M. Schwan Charitable Foundation, por su parte, no contestaron al cuestionario de preguntas enviado a sus correos electrónicos y a su oficina.

Según el diario costarricense, se utilizaron los reportes de la fundación ante el fisco de Estados Unidos (IRS), en conjunto con los Paradise Papers, para conocer mejor a una entidad "cuyas inversiones en islas del Caribe y en Costa Rica los condujeron a un camino de pérdidas de casi $ 500 millones".

La principal revelación en el caso de El Salvador, trabajada por el portal digital El Faro, es el traslado a Bermuda de más US$ 50 millones generados por la venta de una microfinanciera operada por una influyente fundación local.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), es descrita por El Faro como "el tanque de pensamiento más poderoso de El Salvador, que agrupa los intereses de las grandes corporaciones privadas y del gran capital salvadoreño".

"(Fusades) nunca pagó impuestos por la operación de su financiera, tampoco por el producto de su venta en 2007 y tampoco ha pagado tributos por los réditos que obtiene de sus inversiones manejadas por dos sociedades offshore en Bermuda", destaca El Faro.

Y aunque la publicación reconoce que la organización no ha incurrido en ninguna ilegalidad, pues como fundación sin fines de lucro está exenta del pago de impuestos en todas su actividades, también destaca que no todos los expertos coinciden en que eso sea una buena idea.

"En el caso de Fusades, el punto de debate desde 2006 es si la Fundación, por ser una institución de utilidad pública, tiene derecho a que se le exima del pago de impuestos por cualquier actividad que realice (...). La controversia es sobre el ser y sobre el hacer", sostiene la publicación, que también destaca la gran influencia del centro de pensamiento en la legislación local.

Fusades, por su parte, justificó la decisión de colocar el dinero en Bermuda por la falta de opciones viables en El Salvador.

"Las opciones existen, pero son menores. Para invertir de forma diversificada, debes ir a los mercados internacionales. Para llegar a esos mercados, tenés que crear un vehículo con su personería jurídica", explicó en una entrevista con El Faro su presidente, Miguel Ángel Simán.

"Constituimos el vehículo -Fusades International Trust y Fusades Limited- de forma transparente y de forma legal para poder hacer esas inversiones, asegurarlas, hacerlas crecer y hacerlas sostenibles... Todos los recursos que se invierten por el fideicomiso regresan a El Salvador para asegurar la operación y continuidad de la institución" aseguró.

En lo que respecta a Perú, el portal de investigación Ojo Público destaca el caso de la empresa peruana Bosques Amazónicos S.A.C., una firma que se dedica a la conservación y trabaja con "bonos de carbono", instrumentos financieros diseñados para compensar por la contaminación ambiental.

Gracias a los documentos de los Paradise Papers, la publicación encontró que entre los años 2008 y 2013 Bosques Amazónicos (BAM) realizó "transacciones por más de US$ 71 millones con sociedades offshore ubicadas en paraísos fiscales".

"Las operaciones más importantes fueron con Sustainable Forestry Management Limited (SFM), una empresa fundada en las Bermudas, que tuvo entre sus accionistas a miembros de la realeza británica" explica Ojo Público.

"En otros casos, los vínculos se extienden a magnates del petróleo y decenas de las personas más ricas del mundo", sostiene.

Bosques Amazónicos, por su parte, le aseguró a la publicación que la decisión de usar una empresa offshore con sede en las Bermudas fue tomada por SFM, no por la empresa peruana ni sus accionistas.

"Entendemos es usual en las inversiones que canalizan fondos de inversión globales (como era el caso de SFM)", explicó BAM en una carta.

Pero, según Ojo Público, "el vínculo offshore contraviene las advertencias de Interpol, que considera el mercado de los bonos de carbono como un entorno sensible a la posible infiltración de actividades relacionadas con el lavado de dinero".

En el caso de Paraguay, la apertura de una empresa offshore en las Bahamas por parte del extitular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y ex vicepresidente de la FIFA Juan Ángel Napout es la revelación más destacada por el diario ABC Color.

De acuerdo al socio local de la ICIJ para los Paradise Papers, el directivo paraguayo -que está siendo juzgado por corrupción en Estados Unidos- creó la empresa el 17 de marzo de 2010, el mismo año en que habría empezado a recibir sobornos.

Derechos de autor de la imagenAFPImage captionNapout es uno de los involucrados en el escándalo por la corrupción en el seno de la FIFA.

"Según la justicia estadounidense encabezada por la fiscala Loretta Lynch, Napout recibió coimas y sobornos desde el 2010, mismo año de creación de la empresa offshore NAPFORS HOLDINGS LIMITED", destaca la publicación.

Según el diario, "para obtener la versión de Napout (que está en EE.UU. privado de su libertad desde la fecha de su extradición el 15 de diciembre del 2015), nuestro diario contactó con el abogado paraguayo del exdirigente Dr. Esteban Burt".

"El 10 de octubre pasado hablamos con el profesional, quien explicó que su cliente tiene restringidas las declaraciones y que él no formularía tampoco ninguna sobre este caso", asegura ABC Color.

Curiosamente, el juicio contra Napout, involucrado en el escándalo por la corrupción en el seno de la FIFA que explotó en 2015, inicia administrativamente este mismo 6 de noviembre.

En el caso de Chile, el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación trabajó con el Centro de Investigación Periodística, CIPER, que prometió empezar a publicar sus investigaciones este 6 de noviembre.

Al momento de esta publicación, sin embargo, el CIPER sólo había adelantado que entre los más de 13 millones de documentos de los Paradise Papers "aparecen nombres que conectan con chilenos".

"En esos casos, los archivos solo consignan información suelta y/o superficialque no entrega mayores pistas respecto de los montos que mueven hacia paraísos fiscales ni transacciones relacionadas. Tampoco de los abogados locales que los asesoran en estos negocios", advierte la organización.

El CIPER, sin embargo, dice haber trabajado e identificado "casos cuya evidencia -correos electrónicos y registros legales, principalmente- al menos permite una primera aproximación al diseño y uso de esquemas agresivos de planificación tributaria".

Y más revelaciones, en Chile y en el resto de países se esperan en los días que vienen. 




Fuente: BBC

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