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La Corte Suprema prepara la definición sobre los jueces que el oficialismo busca desplazar

El máximo tribunal analiza si ratifican en sus cargos a Bruglia, Bertuzzi y Castelli, aunque como subrogantes.

Esta semana podría haber un fallo de alto impacto político de la Corte Suprema, ya que el máximo tribunal podría definir la situación de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y del juez Germán Castelli, que el oficialismo busca remover de sus cargos. Los ministros de la Corte estudian si disponen una decisión intermedia, que consistiría en avalarlos en sus cargos pero como subrogantes.

A fines del mes pasado aceptaron el pedido de per saltum de los jueces y le ordenaron al Consejo de la Magistratura que no cubra los puestos hasta que resuelva la cuestión de fondo. Por caso, Castelli intervenía en la tramitación del juicio oral por la causa de corrupción de los cuadernos de las coimas, en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner es la principal acusada, mientras que Bertuzzi y Bruglia como miembros de la Sala 1 de la Cámara Federal porteña tuvieron un rol clave en la revisión de expedientes que involucraron a exfuncionarios kirchneristas.

Los jueces de la Corte trabajan en sus fallos y esta semana podría haber una definición. Estudian si avalan el reclamo de los magistrados de confirmarlos en sus cargos o si disponen una solución “salomónica” entre los magistrados y el Gobierno, que sería ratificarlos pero como subrogantes.

En ese caso los jueces, que pidieron una extensión de la licencia extraordinaria que vence el lunes, permanecerían en sus actuales cargos hasta que el Consejo de la Magistratura realice los concursos y seleccione las ternas para que el presidente Alberto Fernández elija a los postulantes para los dos puestos en la Cámara Federal porteña y uno en el Tribunal Oral Federal 7.

Se trata de la sala en la que se revisan las causas de los doce juzgados de Comodoro Py, donde se investigan delitos como causas de corrupción, y del tribunal que prepara el juicio por los cuadernos de las coimas, que involucra a vicepresidenta, exfuncionarios y empresarios.

El oficialismo cuestionó el traslado de un total de diez jueces durante la gestión de Cambiemos, al argumentar que se decidieron sin cumplir una serie de requisitos necesarios. Consideraron que no se respetaron las jurisdicciones, las competencias ni las jerarquías, y que faltó la aprobación del Senado.

Los magistrados sostienen que sus traslados se hicieron con la normativa vigente y que la Corte Suprema fijó en su acordada 7/18 que los traslados dentro de la jurisdicción federal no requieren la intervención de la Cámara alta.

En su fallo el presidente del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz advirtió que el caso es de una gravedad institucional “inusitada” y trabaja sobre su voto con máximo hermetismo. En tanto que la vice Elena Highton de Nolasco analiza si se suma a un voto mayoritario o manifiesta una posición propia, tal como lo hizo Rosenkrantz.

Sus pares Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda trabajan en la redacción de un fallo y dialogan con el extitular del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti, para tratar de acercar posiciones. En el caso de que haya un consenso entre los jueces esta semana podría haber una decisión sobre los jueces desplazados, consignan Clarín y La Nación.

Bruglia y Bertuzzi integraban un Tribunal Oral Federal en Comodoro Py y durante la presidencia de Mauricio Macri fueron trasladados para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña, que revisa las decisiones de los doce juzgados federales de este tribunal. Mientras que Castelli pasó de un tribunal oral de San Martín a uno oral federal de la Capital.

Los camaristas confirmaron todos los fallos que el juez federal Claudio Bonadio (que murió en febrero) dispuso en la causa de los Cuadernos, en la que Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita. En tanto que Castelli integraba el Tribunal Oral Federal 7, que prepara el juicio por esta causa.

El kirchnerismo impulsó el desplazamiento primero desde el Consejo a la Magistratura, donde se aprobó -con rechazo de Juntos por el Cambio- la revisión de traslado de diez jueces durante el gobierno de Macri por plantear que hubo irregularidades. Luego la revisión pasó al Senado, que rechazó tres de esos traslados, y el Presidente oficializó la medida por decreto. Aunque con su decisión la Corte frenó los traslados.

Tensión entre el Gobierno y la Corte

En la previa a la definición hay una una fuerte tensión entre el Gobierno y la Corte. La diputada del Frente de Todos Vanesa Siley promueve el juicio político contra Rosenkrantz “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”. La legisladora lo acusó de “haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente”.

Su par de bancada Leopoldo Moreau redobló la ofensiva y amenazó con avanzar con un pedido de juicio político contra todos los integrantes del máximo tribunal. El legislador planteó en una entrevista a Radio Con Vos: "Creo que el juicio político lo que plantea es un escenario de discusión. Esta es una Corte agotada que juega al truco más que apoyarse en decisiones jurisprudenciales. Es una Corte que está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros tiempos”.

Rosenkrantz denunció una “campaña de desprestigio” en su contra a través de acusaciones “infundadas” de parte del oficialismo. El juez afirmó en un escrito: “Una cosa es un juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos”. Rechazó las acusaciones de Siley y dijo que “son completamente infundadas”, ya que aseguró que no incumplió "deber funcional alguno”.

Mientras que, en una escalada de tensión, la ministra de Justicia Marcela Losardo y el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti plantaron a la Corte al no participar de una reunión convocada por el máximo tribunal para analizar el avance de las causas de lesa humanidad.

Los funcionarios expresaron al justificar su ausencia: “La repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la presidencia de la Corte (ejercida por Rosenkrantz), tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos, que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no deja de resultar oportunista”.

Fuente: TN.

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