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Cristina Kirchner volvió a embestir contra la Justicia Federal en medio de la reforma judicial impulsada por el Gobierno

Luego de que la Cámara Federal limitara el período durante el cual se analizarán las llamadas de Mauricio Macri y un grupo de funcionarios, la vicepresidenta expresó duras críticas en su cuenta oficial de Twitter

Este miércoles, la Cámara Federal limitó una orden de la jueza María Servini para analizar las llamadas telefónicas del ex presidente Mauricio Macri y un grupo de funcionarios. El fallo generó la reacción de Cristina Kirchner, que criticó duramente a la Justicia a través de una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter, en medio de la cuestionada reforma judicial que intenta impulsar el actual Gobierno.

Servini había dispuesto que se llevara a cabo un peritaje entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019, en el marco de la causa que investiga si el ex presidente y varios de sus ex funcionarios formaron una asociación ilícita para presionar a los dueños del Grupo Indalo para que se desprendieran de sus compañías. Sin embargo, los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia consideraron que se trata de un período excesivo y ordenaron a la magistrada a dictar un nuevo fallo para que sólo se analicen los registros telefónicos de “los momentos que resulten relevantes” para la investigación.

En consecuencia, Cristina Kirchner apuntó: “Los jueces Martín Irurzun (el de la doctrina de las prisiones preventivas para los opositores de Macri) y Leopoldo Bruglia (el trasladado flojo de papeles, sin acuerdo del Senado y sin prestar juramento de Ley) acaban de consagrar una vez más la impunidad para Mauricio Macri”.

“La jueza Servini de Cubría había solicitado a las empresas telefónicas ‘las llamadas realizadas -y celdas activadas- entre el 01 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019 por Macri y por otros funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo'. ¡Ojo!: no el contenido de las llamadas”, continuó la actual vicepresidente de la Nación, detallando la solicitud original de los peritajes.

Y agregó: “La prueba solicitada iba a demostrar la existencia de la mesa judicial macrista y su articulación con los servicios de inteligencia y con distintos miembros del Poder Judicial de la Nación para perseguir opositores y apoderarse de empresas ajenas”.

Efectivamente, la jueza Servini había pedido identificar los teléfonos y los registros de comunicaciones de Macri, de los ex funcionarios José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli y de los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner. Además, dispuso averiguar dónde se encontraban esos abonados cuando realizaban las llamadas (activación de celdas), quiénes eran “interlocutores comunes y frecuentes” entre esos abonados, si se contactaron con personas investigadas y realizar un entrecruzamiento de los contactos, todo entre el 1º de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019.

 
Por su parte, Irurzun y Bruglia limitaron el período de tiempo a peritar y advirtieron que, cuando se obtengan esos resultados, se destruyan y/o no se filtren las comunicaciones relacionadas a esta investigación.

“Estos son los jueces y esta es la oposición que hablan de impunidad señalando con el dedo al Gobierno y al @FrenteDeTodos. ¿A nosotros con la impunidad? Allanaron mis casas, rompieron paredes, se llevaron objetos personales, me citaron a indagatoria 8 veces en un día… Me espiaron, me siguieron, me escucharon y difundieron llamadas privadas ilegalmente… Y se llenan la boca hablando de la República. Máximo tenía razón: en ningún lugar del mundo Macri va a tener más impunidad que en la Argentina. El Poder Judicial argentino se la garantiza”, aseguró Cristina Kirchner en su hilo de tuits.

La embestida de la ex mandataria contra la Justicia Federal no terminó ahí, dado que continuó sus publicaciones remarcando que el fallo lo tomó “el mismo Poder Judicial que le garantizó la impunidad siendo empresario por el delito de contrabando agravado de autos” y “el mismo Poder Judicial que le garantizó la impunidad en la causa por escuchas ilegales como Jefe de Gobierno de la Ciudad y apenas 19 días después de haber asumido como Presidente”.

Finalmente, Cristina Kirchner concluyó: “No hay argentino más impune que Mauricio Macri. Espero que algunos argentinos y argentinas se den cuenta”.

Esta catarata de críticas llegó en un contexto particular, dada la reforma judicial impulsada por el Gobierno y presentada recientemente por Alberto Fernández. En respuesta a esa iniciativa, desde la propia Justicia salieron a reprobar el proyecto. Por caso, la Cámara Civil y Comercial Federal dictó una acordada, objetando puntualmente la posible fusión del fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo Federal.

A su vez, la Cámara del Crimen se había pronunciado también en forma negativa con respecto a la reforma judicial. El tribunal calificó de inconstitucional la iniciativa y señaló que “importa además el completo desguace y desmantelamiento de nuestro centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistradas y magistrados”.

 
Asimismo, más allá de la reprobación del ámbito judicial, Juntos por el Cambio también publicó dos comunicados cuestionando, por ejemplo, “la creación de una desmesurada e injustificada cantidad de cargos, cuyo costo fiscal estimamos en unos $4.000 millones anuales” y la contradicción “con la reforma de fondo del sistema de enjuiciamiento penal, concebida por el nuevo Código Procesal Penal Federal”.

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