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Oscar Parrilli pidió agregar la figura de “presiones mediáticas” a la reforma judicial

El senador nacional pidió agregar al proyecto que los jueces puedan plantear al Consejo de la Magistratura, como posibles presiones, la de los medios de comunicación

Este martes, la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, participó del plenario de comisiones del Senado y defendió la reforma judicial impulsada por Alberto Fernández. Presentó los detalles de la iniciativa y respondió preguntas de los legisladores. Uno de los que intervino fue el senador kirchnerista Oscar Parrilli, quien reclamó agregar que los jueces puedan plantear al Consejo de la Magistratura, como posibles presiones, la de los medios de comunicación

“Hay algunas luces amarillas”, alertó Parrilli en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, que se llevó a cabo de manera virtual. El ex director de la Agencia Federal de Inteligencia se refirió puntualmente a dos incisos del artículo 70. En primer lugar, se refirió al inciso “E”, que indica que los jueces federales deben “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos”. “Si bien luego dice de ‘amistades o grupos de presión’, acá es necesario explícitamente hablar de los poderes mediáticos”, apuntó.

“Todos queremos una Justicia que nos garantice a todos la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso. Les puedo asegurar que en los últimos cuatro años estos principios fueron absolutamente violentados”, agregó. En ese sentido, tras mostrarse como víctima de persecución judicial -al igual que Cristina Kirchner-, el senador cargó contra el periodismo: “Hemos visto los últimos años en los medios de comunicación cómo periodistas denostaban e incluso alentaban a salir a escrachar, denigrar y desprestigiar a distintos funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinado proceso o causa. Aquí debemos agregar explícitamente el término mediático porque así ha ocurrido en los últimos tiempos”.

El presidente de la comisión de Justicia también manifestó sus “dudas” con respecto al inciso “F”, en el que también pidió incluir a los medios de comunicación. Dicho inciso sostiene: “Evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones (las de los jueces) y en ningún caso deberán actuar sobre la base de consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias”.

“Tengo miedo que el clamor público sea el clamor de los medios de comunicación y que en función de eso se tome esto como un hecho de la sociedad. Y en realidad no son hechos de la sociedad o reclamos de sectores sociales, sino que hay determinados intereses económicos que utilizan los medios para presionar a los jueces”, expresó el senador, quien añadió que “por lo menos tendríamos que reanalizar y discutir esos términos”.

 
Parrilli destacó la propuesta impulsada por Alberto Fernández, aunque advirtió que “si bien no va a solucionar todos los temas de la Justicia, sin duda es un camino, un inicio, de empezar a solucionarlo con franqueza y realidad”.

Además, criticó a la oposición por sostener que el debate de la reforma judicial no es “oportuno”. “¿Era oportuna la reforma que se planteó en 2017-2018 cuando la Argentina se endeudaba a cifras siderales y destruía empleos? Decir eso es una excusa, más que una verdadera razón de Estado”, cuestionó.

 
Por su parte, la ministra Losardo negó en su exposición que el Gobierno impulse la ampliación de la Corte y descartó en forma “absoluta” que se quiera cambiar la mayoría de dos tercios para la designación del Procurador General en el marco del trámite frenado para el pliego de Daniel Rafecas, el candidato del Presidente para el cargo, que no tiene esos votos. “No hay posibilidad de nombrar a dedo ni de traslados a dedo, no hay posibilidad de que nadie ponga nadie a dedo”, insistió sobre la reforma judicial que busca unificar el fuero Criminal y Correccional Federal con el Nacional Penal Económico y crear uno nuevo, el Penal Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de la creación de juzgados penales federales en las provincias.

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