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El Gobierno vuelve a controlar el Programa de Protección de Testigos

Fernández derogó el DNU firmado por Macri poco antes de dejar el poder, que creó una agencia para preservar la seguridad de los imputados colaboradores.

El Programa de Protección de Testigos vuelve a depender del ministerio de Justicia. Ya que el presidente Alberto Fernández derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia que Mauricio Macri firmó once días antes de dejar el poder, que creó la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados. Se trataba de un ente autárquico y autónomo destinado a garantizar la integridad de los imputados colaboradores. Entre los testigos protegidos están José López, Oscar Centeno y Alejandro Vandenbroele.

El decreto 168/2020 publicado en el Boletín Oficial está firmado por Fernández y todos los ministros y restablece el manejo del programa al ministerio de Justicia, a cargo de Marcela Losardo. Entre los argumentos recuerda que la Cámara Federal de Casación Penal se pronunció sobre el decreto de Macri y expresó su preocupación "por la compatibilidad de su aplicación en relación a las atribuciones constitucionales y legales" de esa cámara.

Ya que el derogado DNU 795 había dispuesto que la agencia fuera liderada por un funcionario con rango de director nacional propuesto por el Ministerio de Justicia y elegido por el Poder Ejecutivo, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y el Procurador General de la Nación o un representante del organismo, y otro del Ministerio de Seguridad.

El decreto afirma además que cuando Macri creó la Agencia "no existieron circunstancias excepcionales" para firmar el DNU, según prevé el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional para evitar el trámite ordinario para la sanción de una ley en el Congreso. "No se observan elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia que conllevan el dictado de dicha herramienta", argumenta el texto. Además recuerda que el programa "se mantuvo sin variación durante más de 16 años, hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior".

Después de la victoria de Fernández en las elecciones presidenciales de octubre pasado se multiplicaron los pedidos de "arrepentidos" por causas de corrupción durante el kirchnerismo para que el programa al que se acogieron pasara de la esfera del Gobierno al Poder Judicial.

López, Centeno y Vandenbroele son algunos de los "arrepentidos" que expresaron sus preocupaciones ante el cambio de administración, ya que partir de sus declaraciones que involucraron a empresarios y exfuncionarios K en causas como los cuadernos de las coimas, La Ruta del Dinero K y Ciccone.

Previo al cambio de administración hicieron sus reclamos ante el entonces ministro de Justicia Germán Garavano, que hizo gestiones ante el Poder Judicial para transferirles el manejo del programa antes del 10 de diciembre del año pasado. Pero no hubo acuerdo, y poco antes de dejar el poder Macri dispuso la creación de una agencia para proteger a los "arrepentidos". Ahora Fernández derogó del decreto que creó la Agencia, y el programa vuelve a estar en manos del Gobierno.

El decreto que vuelve a pasar a Justicia la protección de testigos

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