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El Gobierno mostró sus primeras cartas a los bonistas: ajuste "light" y negociación agresiva

En el Congreso, el ministro de Economía Martín Guzmán criticó a los tenedores de deuda, los acusó de "no colaborar" y dijo que "no condicionarán" la política de la Casa Rosada.

El ministro de Economía Martín Guzmán les adelantó a los acreedores que su primera aproximación a la negociación de la deuda, que comenzará cara a cara en los próximos días, implicaría una postura agresiva y que podría incluir quitas significativas. Así se desprende de la proyección fiscal que hizo en su exposición en Diputados, donde explicó que estima un equilibrio fiscal entre 2022 y 2023.

El jefe del Palacio de Hacienda criticó con dureza a los fondos de inversión externos, a quienes acusó de "no mostrar colaboración" y pidió que el Fondo Monetario Internacional, principal acreedor del país, admita su cuota de responsabilidad en la crisis económica.

Para los analistas, los primeros lineamientos de la reestructuración que planteó Guzmán en su discurso en la Cámara baja adelantan que "será conflictiva" y que "difícilmente" pueda resolverse dentro del cronograma estipulado, que implica que a fines de marzo la negociación haya finalizado y solo reste la ejecución de los canjes.

Uno de los datos que reclamaban los inversores para encarar el proceso de negociación de la deuda fue, desde el comienzo de la gestión de Alberto Fernández, saber cuál es el horizonte fiscal que trazará el Gobierno. Es decir, qué expectativas tiene de equilibrio o déficit de las cuentas públicas para los próximos años.

Este miércoles en el Congreso Guzmán habló públicamente por primera vez sobre proyecciones, con números concretos. Así, adelantó que este año no habrá margen para reducir el rojo fiscal primario -es decir la diferencia entre los ingresos al Estado y los gastos- y que un equilibrio solo podría esperarse para 2022 o 2023, de acuerdo a distintos supuestos.

"Un escenario factible y realista implica alcanzar el equilibrio fiscal en 2023, y años después converger a un superávit fiscal primario de entre 0,6% y 0,8% del PBI. En otro escenario -que va a llevar trabajo- se podría alcanzar el equilibrio en 2022, con una economía creciendo 2% y las exportaciones al 4 o 5%. Así, ya en 2026, tendríamos 1% de superávit y al año siguiente de 1,2%. ¿No suena tan optimista, no? Pero es realista", reconoció el ministro de Economía.

Un ajuste "light" implicaría, por definición, que la reestructuración debería ser más agresiva, con quitas más profundas para los bonistas. Esto se explica porque al alcanzar más tarde el superávit fiscal, los recursos con los que Estado podría afrontar el pago de la deuda serían menores, y por eso necesitaría que la propuesta de canje sea más beneficiosa para el deudor y más agresiva hacia el acreedor.

El mensaje inicial a los bonistas: críticas y pedido de "colaboración"

Para los analistas, el tono y el contenido del mensaje de Guzmán en el Congreso adelanta una postura del Gobierno menos amigable de lo que se podría esperar ante los acreedores. En ese contexto, con una posición más agresiva, la hoja de ruta planteada en principio por el Palacio de Hacienda quedaría "corto" ante una negociación más conflictiva.

"El anuncio del programa fiscal del que habló Guzmán deja alguna pista sobre cómo será la reestructuración. La negociación será agresiva y eso es inconsistente con el calendario que estimó Hacienda, que es prácticamente imposible de cumplir. Están planteando un escenario más agresivo del que planeaban los acreedores y no va a ser viable negociar en esos plazos", comentó a TN.com.ar Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina.  

Según ese cronograma, en la tercera y cuarta semana de febrero comenzarían los primeros contactos formales y en persona de los funcionarios del Gobierno argentino con los acreedores. "Inicio de período de 10 días de reuniones e intercambio de visiones con tenedores de la deuda pública externa sobre la base de los lineamientos del Análisis de Sostenibilidad de la deuda pública presentados por Guzmán en el Congreso", reza la agenda oficial, publicada en los últimos días.

En la primera semana de marzo el Gobierno debería determinar "la estructura final de la oferta con el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública externa, paso seguido por una instancia de preguntas y respuestas frecuentes de la oferta distribuida a través de los Agentes de Distribución", continúa la hoja de ruta. En la segunda semana de marzo se conocerá la oferta concreta y en la tercera, el resultado con la respuesta de los bonistas.

El discurso de Guzmán podría traducirse, desde este jueves, en caídas de los bonos argentinos en dólares. Para Federico Furiase, de EcoGo, "podría ser una mala señal para bonos en dólares porque el sendero fiscal de Guzmán se queda corto y entonces los acreedores podrían esperar una propuesta del Gobierno con una quita mayor", explicó.

"El juego de bajar fuerte las paridades (precio) de los bonos es muy riesgoso por la potencial entrada de holdouts (fondos buitre) y el alto peso de la deuda en dólares regidos por la legislación internacional", siguió Furiase. "Están empezando a negociar con lo cual tiene sentido partir de una postura más dura para después tener margen para resignar algo de sustentabilidad para evitar un default", concluyó.

¿La dureza del mensaje de Guzmán hacia los bonistas podría complicar aún más un entendimiento? Rajnerman respondió: "No creo que las críticas vayan en contra de la negociación, son lógicas dentro de cualquier reestructuración. Pero tampoco creo que sumen mucho. Después de todo, lo relevante es el show me the money, es decir lo concreto, cuál va a ser la oferta. Pero esto hace pensar que el proceso va a ser conflictivo".

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