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Néstor Espósito para A24

Quién es Marcela Losardo y cuál es su plan como ministra de Justicia en el nuevo Gobierno

Marcela Losardo, la ministra de Justicia del nuevo gobierno, goza de muy buena recepción en la corporación judicial. El histórico dirigente de la Asociación de Magistrados, el juez de tribunal oral Miguel Angel Caminos dijo públicamente: “ojalá que sea ella”. Las segundas líneas (las permanentes) del Consejo de la Magistratura, donde fue representante del Poder Ejecutivo en la primera parte del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, también esperan su desembarco en Justicia.

Ya anduvo recorriendo los pasillos de Comodoro Py y, si bien el enviado a la Corte Suprema fue Eduardo “Wado” De Pedro, sus vínculos con Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y especialmente Elena Highton de Nolasco son de una franqueza y una cordialidad que va más allá del careteo.

Cuando el ex representante del actual gobierno en el Consejo, Juan Bautista Mahiques, asumió como Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Losardo estuvo allí. Su presencia cayó mucho mejor en los extraños que en los propios. Suele pasar; es normal dentro de ciertos límites.

Una de las pocas entrevistas periodísticas que concedió desde que su nombre está instalado como futura ministra tuvo como interlocutor al ex presidente del Colegio Público de Abogados y presidente de la agrupación interna de los letrados porteños Gente de Derecho, Jorge Rizzo.

Ese es un territorio menos hostil que el de los jueces, pero Rizzo fue crítico del gobierno anterior y hoy (pese a que tuvo una alianza con el presidente de Boca Juniors y operador judicial del macrismo Daniel Angelici) está en las antípodas del gobierno saliente.

Nadie mejor que Losardo conoce el pensamiento y la acción política en materia de derecho penal del presidente electo Alberto Fernández. Pero también conoce al hombre, al político (tanto al conciliador cuando al volcánico), y lo conoce en distintos escenarios.

Marcela Losardo tendrá que llevar adelante todas esas facetas en un territorio históricamente hostil con todas las formas de peronismo, con excepción de la década de Carlos Menem, mientras conservó poder.

Y tendrá, además, que encarar temas calientes, algunos de los cuales parecen de difícil solución.

El próximo gobierno planea revisar todos los pliegos de candidatos a jueces elevados por Mauricio Macri al Senado para el acuerdo previo al juramento. Gran parte de los que fueron postulados por el anterior gobierno obtendrán sus designaciones.

Pero Alberto Fernández sabe que, como dice el viejo refrán, para esconder a un elefante en la 9 de Julio nada mejor poner mil elefantes en esa avenida. En los dos centenares de pliegos frenados en el Senado hay varios elefantes.

Por allí están, por ejemplo, el fiscal Ignacio Mahiques, a quien Cristina Fernández atendió en su explosiva indagatoria del lunes pasado. También Juan Tomás Rodríguez Ponte, uno de los encargados de la DAJUDECO, la oficina que depende de la Corte Suprema y tiene a su cargo las escuchas telefónicas en las causas judiciales.

La fisonomía de Comodoro Py que promete el nuevo gobierno no tendrá operadores judiciales, políticos ni mediáticos. La consigna parece ser la autodepuración. Y el mensaje no ha cambiado: no habrá pase de facturas ni persecuciones, pero “cada uno sabe lo que hizo y lo que tiene que hacer”.

Otra de las cuestiones que debe resolver es quién estará al frente de la Procuración General de la Nación. Los dos principales candidatos a los que sondeó el futuro gobierno tienen dificultades para sumar la cantidad de voluntades necesarias para ocupar ese cargo.

Al juez federal Daniel Rafecas lo resiste, por históricos motivos vinculados con la causa “sobornos en el Senado”, el ala radical que subsiste en Cambiemos o Juntos por el Cambio, según su última versión.

Al juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar lo resisten los sectores que serán oposición por su pertenencia a Justicia Legítima. Y también sectores de la ultraderecha que no le perdonan su compromiso y aplicación del derecho en causas por delitos de lesa humanidad.

¿Entonces? Se perfila como solución momentánea que el actual procurador interino, Eduardo Casal, renunciará para acogerse a la jubilación que ya tiene concedida. Quien le sigue en antigüedad, Laura Monti, dará un paso al costado y así asumirá interinamente Víctor Abramovich, un hombre designado durante la gestión de Alejandra Gils Carbó y con un perfil progresista.

El tercer tema que emerge de la agenda es la vieja idea del primer ministro de Justicia de Néstor Kirchner, Gustavo Béliz, hoy cercano a Alberto Fernández y acaso con un rol protagónico en el futuro gabinete.

Se trata del proyecto de “federalización” de todos los fueros penales de la Capital Federal. La iniciativa apunta a distribuir el poder de los 12 jueces federales entre ellos más todos los jueces penales de instrucción, más todos los penales económicos de primera instancia.

Un centenar, la mayoría de ellos desconocidos. La mayoría de ellos jueces honestos, probos, eficientes y sobre todo muy trabajadores.

Con todo, sus roles serán los de jueces de Garantías sí, como también proyecta la nueva administración, se implementa finalmente el Código Acusatorio. En ese caso, el rol de investigadores lo tendrán los fiscales. Por eso la designación de un procurador definitivo, más allá del eventual interinato de Abramovich, aparece como un paso trascendental para el futuro Poder Judicial.

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