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Fuente A24

La herencia social de Macri: más pobreza, más planes y un diálogo histórico con las agrupaciones

Cuando asumió, Mauricio Macri se fijó el ambicioso compromiso de dejar su mandato con "pobreza cero". En 2016 (primera medición oficial después del apagón del Indec) los valores estaban en 32,2% y seis meses después bajaron a 30,3%. Sin embargo, el quiebre económico del año pasado y la disparada del dólar lograron que, para junio de este año la pobreza vuelva a escalar y se instale en 35,4% en el segundo semestre.

Según la medición más reciente de la UCA, que se publicó ayer, el gobierno cerró el 2019 con 40,8% de pobres y 8,9% de indigentes.

Macri claramente no se irá con menos pobres que con los que llegó. Sin embargo su gobierno sí ostentará algunos números salientes en inversión social.

Por ejemplo, se aumentó el gasto destinado a servicios sociales. En 2016, con el presupuesto votado en la gestión anterior, el 56,1% se destinaba a servicios sociales. Esa cifra escaló a 62,24% el año siguiente y luego cayó en 2918 y 2019 a poco más del 60%.

Lo mismo ocurrió con los planes sociales. La Asignación Universal por Hijo (emblema del kirchnerismo) se extendió a los hijos de monotributistas y trabajadores de temporada y así se incorporaron 405.000 niños al beneficio. En total, la gestión de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, cerrará con casi cuatro millones de chicos cubiertos por esta asistencia.

Según datos de la UCA, más de 3 de cada 10 hogares están alcanzados por algún tipo de cobertura social.

El plan Argentina Trabaja, en tanto, fue reemplazado por Hacemos Futuro y se incrementaron la cantidad de beneficiarios: en 2015 eran cerca de 107.000 y la gestión Cambiemos se irá con 236.700.

A estos planes de empleo se sumó la gran conquista de las organizaciones sociales (CCC, Barrios de Pie y CTEP) en su lucha callejera por la aprobación de la ley de Emergencia Social en 2016: la instauración del salario social complementario.

Por medio la ley se creó un registro de trabajadores populares en manos de los piqueteros y se repartieron 271.000 salarios (la mitad del mínimo, vital y móvil) a cambio de trabajo en cooperativas.

Entre el 2016 y 2017 podría fijarse el "año dorado" de la relación entre organizaciones y gobierno. Después del gran desembolso de la ley de Emergencia Social vino la de Emergencia Alimentaria para reforzar las partidas a comedores. También se creó el Registro de Barrios Populares (Renabap), un relevamiento de las personas que viven en asentamientos.

Al año siguiente, la complicación económica, el crecimiento de la demanda en los comedores y el resurgimiento del kirchnerismo provocó que las organizaciones tensen el diálogo y se alineen detrás del Frente de Todos. El Gobierno, además, cerró el ingreso a los planes de trabajo para controlar el gasto.

Según datos de la UCA, la inseguridad alimentaria severa aumentó significativamente en los últimos dos años, presionando sobre los comedores sociales e incrementando las demandas sociales.

En 2016 la cantidad de gente que pasaba hambre estaba en 5,1%, un año después bajó a 5% y de allí fue en subida: 6% en 2018 y 7,5% para este año.

En su cadena nacional de despedida, Mauricio Macri reconoció que los resultados de pobreza no estuvieron a la altura de su promesa de campaña, aunque depositó gran parte de su fracaso en la crisis económica que se desató después de las PASO. "No me voy satisfecho sobre los resultados de la economía o la inflación y la pobreza", aseguró brevemente el presidente.

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