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Ley de financiamiento de partidos políticos: ¿Qué plantea y por qué es urgente?

El proyecto obtuvo media sanción desde la Cámara de Senadores. Dentro de las cesiones al documento original destaca la reducción de un 5% al 2% como aporte máximo que una empresa puede realizar sobre un candidato nacional.

Aprobado

Tras varios meses de negociación, un par de dictámenes de comisión y una gran cantidad de sesiones caídas, en el día de ayer el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley que busca regular el financiamiento de los partidos políticos de cara a las elecciones nacionales.

El trámite, que ahora deberá seguir su circuito desde la Cámara de Diputados, constó en la Cámara Alta de tres votaciones particulares. En primer lugar, y como principal punto de conflicto en la votación, fue abordado el artículo 5° del proyecto, orientado a habilitar los aportes por parte de los sindicatos.

En primera instancia, la votación de este punto contó con 25 votos afirmativos, 23 negativos y 1 abstención. Sin embargo, no alcanzó las 37 voluntades necesarias para su aprobación. Fue a partir de esto que entonces la mayoría (encabezada por Miguel Pichetto) se sumó al dictamen de la minoría para evitar la caída del proyecto. Se votó nuevamente y el artículo 5° tuvo luz verde con 42 votos a favor y 7 rechazos.

Superada esta instancia fue que se llegó al momento de elegir la aprobación o el rechazo del proyecto de ley que en términos generales modifica la Ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos. Por 48 votos a favor y 2 negativos, la iniciativa superó los 37 votos necesarios y tuvo el respaldo contemplado por ley.

Dentro de las cesiones del proyecto original destaca la reducción de un 5% al 2% como aporte máximo que una empresa puede realizar sobre un candidato nacional. A su vez, se plantea la obligación de girar la mitad de los gastos en publicidad digital a medios de comunicación, pedido realizado por la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) y la Cámara de Medios Digitales, buscando así compensar las pérdidas de dinero como resultado de la “migración” de la publicidad a otros motores de búsqueda.

Financiamiento “mixto” actual

Desde la reforma electoral nacional de 2009, Argentina tiene un régimen de financiamiento de los partidos y las campañas electorales nacionales que se basa principalmente en aportes públicos.

El financiamiento público es entonces destinado al fondo partidario permanente; aportes impresión de boletas; aportes de campaña; espacios de publicidad en medios audiovisuales

Financiamiento privado es desde donde por ejemplo se prohiben los aportes anónimos o provenientes de sindicatos, empresas públicas, entidades gubernamentales, asociaciones profesionales, juegos de azar y del extranjero. En periodos de campaña, al momento también estan imposibilitadas las personas jurídicas (empresas). 

Es decir, se garantiza una cierta igualdad al permitir el acceso de todos los partidos y candidatos a los medios de comunicación. Sin embargo, también hay muestras de que la mayor cantidad de gastos de los partidos y las campañas ocurren informalmente.

¿Por qué es urgente modificar la ley vigente?

Las reglas actuales alientan la informalidad, permiten que la totalidad de las campañas sean financiadas en efectivo, mientras que los controles son posteriores a la elección.

Esto permite, según un informe del CIPPEC, que más del 30% de las agrupaciones que compitieron en las últimas elecciones presidenciales no hayan presentado rendiciones de campaña y que muchas de las agrupaciones que sí lo hicieron declararan un monto inferior al realmente gastado.

En este sentido es que se plantea como urgente el poder disponer de una ley que desde la "bancarización" planteada haga que el dinero no sea aportado en efectivo, algo que alienta a la falta de transparencia y en muchos casos al lavado de dinero.

Otro punto importante es el poder regular que la publicidad oficial que el Estado otorga no sea distribuida de manera informal ni utilizada para fines partidistas.

Para esto es importante un tercer aspecto y es el poder realizar controles efectivos durante (y no después de) las campañas y disponer de agencias para sancionar las prácticas por fuera de la ley. 

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