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El Reino Unido y Australia quieren penar a ejecutivos de redes sociales por el contenido violento que circula en sus plataformas

Qué pasó

La semana pasada el parlamento australiano aprobó una nueva ley que busca terminar con la diseminación de contenido violento en redes sociales, y el gobierno británico hizo público el pasado lunes su interés en avanzar en ese sentido.

Según una nota de The Guardian sobre el tema, el proyecto de ley se redactó a raíz del ataque terrorista de Christchurch y crea nuevos delitos para los servicios de contenido y hosting que no le avisen a la policía federal australiana o no eliminen rápidamente videos que muestren "una conducta violenta abominable"; o sea, actos terroristas, asesinatos, intentos de asesinato, tortura, violaciones o secuestros.

El medio británico también aclara que "el proyecto de ley crea un régimen para que el Comisionado de Seguridad Electrónica notifique a las empresas de redes sociales que se las considera conscientes de estar alojando material violento, lo que genera la obligación de retirarlo".

Los que están en contra dicen que la ley no define a quiénes dentro de una empresa les corresponderían penas, qué tipo de empresas son plausibles de estas penas -que van desde los millones de dólares hasta los 3 años de prisión- ni cuán rápido se tendría que eliminar el contenido en cuestión.

En el Reino Unido

Por su parte, el gobierno dijo este lunes que está analizando la posibilidad de que los ejecutivos de las redes sociales sean personalmente responsable del contenido dañino -aquel que fomente desde la violencia o el suicidio hasta la desinformación y el ciberacoso- publicado en sus plataformas, según cuenta la agencia de noticias AFP.

Sus planes incluyen la creación de un regulador independiente y nuevas leyes que aplicarían sanciones a cualquier compañía -desde sitios de alojamiento de archivos y foros de chat hasta plataformas de redes sociales, servicios de mensajería y motores de búsqueda- que permita a los usuarios compartir o descubrir contenido generado por el usuario que no cumpla con los estándares establecidos.

Entre las sanciones posibles habría desde multas hasta bloqueos. Además, el regulador podría obligar a las plataformas y otros a publicar informes anuales de transparencia y establecer códigos de prácticas obligatorias -como la contratación de verificados de hechos-.

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