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Miercoles, 22 de Febrero de 2012 | 15:45Hs. | Sociedad

La complicidad política que rodea el secuestro de Marita Verón

Según Susana Trimarco, dos ex gobernadores, un ex subsecretario de seguridad, un ex juez y la cúpula policial de dos provincias permitieron que el crimen ocurriera.

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La complicidad política que rodea el secuestro de Marita Verón

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La declaración testimonial de Susana Trimarco en el juicio oral que se sigue por el secuestro y posterior desaparición de su hija Marita Verón, puso al descubierto la complicidad política con la trata de personas y la impunidad que rodea no solo a los proxenetas, sino también a los funcionarios que habrían colaborado para que la investigación se desvirtue.

Dos ex gobernadores, un ex subsecretario de seguridad, un ex juez y la cúpula policial de distintas provincias fueron según Trimarco los que allanaron el camino para que las mafias hagan desaparecer a su hija, pero ninguno de ellos está sentado hoy en el banquillo de los acusados, cuando según el buen entender de un fiscal imparcial, que sigue de cerca el caso, deberían estar rindiendo cuenta de su accionar en la función pública.

MIRANDA Y MAZA

El detallado relato de Trimarco, que por momentos se volvió dramático, puso en el ojo de la tormenta al ex gobernador de Tucumán, Julio Miranda, a quien no dudo de calificar de "atorrante" y responsabilizarlo por haber introducido en la casa de gobierno a la mafia de los Ale.

Tampoco ahorró críticas para el ex mandatario de La Rioja, Ángel Maza, quien hizo oídos sordos a sus reclamos, cuando le solicitó el pronto accionar de la policía local para dar con el paradero de su hija: "Él también fue cómplice de las mafias", deslizó firme ante el tribunal.

JUEZ Y PARTE

Trimarco contó su impotencia ante la indiferencia social, pero se horrorizó aún más cuando citó el testimonio de Andrea Darrosa, que temerosa a represalias se negó a declarar la primera vez que fue citada:

"Más tarde me confesó que su negativa a declarar se debía a que el juez Walter Moreno que tenía la causa, no le daba ninguna garantía", sostuvo Trimarco. "Me lo dijo clarito: '¿cómo me voy a declarar ante el juez con el que me he acostado?'. Ese tipo iba a los locales del Chenga y Medina en La Rioja -donde algunas víctimas de la trata aseguran haber visto a Marita- y a las chicas la hacían poner en fila para que él eligiera", agregó.

Otro funcionario judicial que habría hecho todo lo posible para que la investigación se desvirtuara, según denunció Trimarco ante el tribunal, fue el secretario de la fiscalía que investigó el caso Eduardo Baclini, a quien acusó de estropear pruebas fundamentales y jugar para beneficiar siempre a los Ale.

DURMIENDO CON EL ENEMIGO

Lejos de encontrar contención y colaboración por parte del gobierno de Julio Miranda, Susana Trimarco encontró en el ex Subsecretario de Seguridad Julio Díaz, un aliado incondicional de los Ale -fuertemente sospechados por la desaparición de su hija- no solo dispuesto a entorpecer la investigación, sino también de vigilarla para que su causa no llegue a buen puerto.

Según contó: "Él me propuso que fuese hablar con los Ale, porque según me dijo, ellos con la remisería Cinco Estrellas son los vigías de la ciudad. ¿Cómo va a ser, si es una mafia?", dudó Susana. Pero su esposo la convenció de que aún de ser ellos, harían aparecer a Marita para quedar como héroes.

Al poco tiempo, se convenció que los Ale no la iban a ayudar, porque estaban involucrados directamente en el secuestro de su hija y descubrió que Julio Díaz le había enviado una psicóloga que en lugar de contener a su nieta Micaela, espiaba en su casa como marchaba la pesquisa familiar para delatar a Díaz cualquier pista que pudiera surgir por fuera de la investigación oficial.

VAN POR ELLOS

Hoy ninguno de estos ex funcionarios que habrían colaborado con las mafias en el secuestro y posterior desaparición de Marita Verón según el relato de Trimarco, están sentado en el banquillo de los acusados. La mayoría goza de una plácida jubilación, pero según esbozo un reconocido funcionario judicial, es de esperar que de las pruebas que van surgiendo en su contra, el tribunal que tiene a cargo el caso debería ordenar una investigación penal preparatoria por tratarse de delitos de acción pública.

Fuente: Perfil